Exceso de institucionalidad funcional de la Procuraduría General de la Nación

Trabajo de investigaciónUno de los objetivos de la Constitución de 1991 para mantener una estructura de pesos, contrapesos y desarrollo armónico entre los distintos poderes públicos, fue fortalecer el papel de los órganos de control representados en el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. El cambio que realizó la Constitución de 1991, en cuanto al sistema de controles que ejerce el Ministerio Público, era lograr la autonomía administrativa y presupuestal de este órgano y garantizar que la labor que desempeñaba fuera realmente efectiva e independiente del poder Ejecutivo, contrario a lo que sucedía con la estructura constitucional de 1886, sin embargo y muy a pesar de ello hoy contamos con una institución excedida de poder, con funciones realizadas igualmente por otras entidades, sin considerar la eficiencia que prevé concentrar la capacidad y la experiencia en el desarrollo focalizado, y la complejidad de culminar obteniendo un resultado contrario al pretendido, con la creación de instituciones adicionales como la fiscalía y la defensoría del pueblo; que duplican no solo algunas funciones sino que aumentan el costo del estado. Para contextualizar un ejemplo del exceso de institucionalidad, según el artículo 118 de la Constitución, al Ministerio Público “corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos”. Basado en lo anterior y solo para citar un ejemplo, se define para su ejecución a la Defensoría del Pueblo y Personerías, sin embargo se asigna y mantiene a la Procuraduría General de la Nación para dicha función con el apoyo de la Defensoría; pero asignando un poder preferente e incluso dependencia, contrario a ello a la Defensoría no se le permite su especialización en la función, de tal forma que se sea viable y eficiente la realización de la función, y sin asignársele poderes para luchar en la defensa y el respeto a los derechos humanos, lo cual solo le corresponde al Ministerio Publico. La investigación pretende demostrar mediante el análisis de las funciones de los principales entes de control nacional, local y el Ministerio público, comparados entre sí, que en Colombia existe exceso de institucionalidad funcional; ya que en especial la Procuraduría General de la Nación coexiste con funciones que son a su vez realizadas por otros organismos, generando una condición de sobre dimensionamiento del poder y sobre-costos a la estructura del estado y en especial considerando que este ente que goza de total independencia institucional, administrativa, legal y económica.PregradoAbogad

Sistema de defensa jurídica del Estado: mejoramiento del desempeño de la Procuraduría General

El objetivo del presente trabajo de investigación es arribar a una propuesta de cambio para mejorar el desempeño de la Procuraduría General del Estado (PGE) como parte del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE), incrementando la eficacia de su lucha contra la corrupción, de manera que, a la larga, reduzca el costo económico y social que esta le origina a la sociedad. La reciente promulgación del Decreto Legislativo N° 1326, publicado el 6 enero de 2017, representa un paso hacia adelante en dicha lucha. No obstante, aunque esta norma configura al SDJE con una mayor claridad que su predecesora, el derogado Decreto Legislativo N° 1068, no logra proporcionar a nivel organizacional y funcional la agilidad y efectividad a la PGE para impulsar la eficiencia del SDJE. El 5 de abril 2017 venció el plazo para que el Ministerio de Justicia (Minjus) publique el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1326, sin embargo, a la fecha este no ha sido aprobado. El análisis desarrollado en esta tesis se apoya en la metodología del marco lógico (MML) y demás herramientas complementarias. Dicho análisis parte del problema fundamental de la ineficacia histórica del SDJE definido como “la baja proporción y número de juicios con sentencia firme favorable al Estado”. En el corolario de esta metodología se arriba a un conjunto de líneas de acción a través de una jerarquía de categorías conceptuales: fin, propósito, componentes y actividades (líneas de acción). En el presente trabajo, como se indicó más arriba, se ha utilizado diversas herramientas metodológicas bajo el enfoque de la MML, complementarias entre sí, así como encuestas y entrevistas a profundidad a expertos. Ello permite proponer finalmente un conjunto de líneas de acción seleccionadas entre tres alternativas, buscando mejorar el desempeño de la PGE como parte del SDJE

Fuero penal militar relación con el servicio

La finalidad del derecho penal militar es proteger determinados bienes jurídicos relativos a la Fuerza Pública y a sus miembros, evitando cualquier tipo de irregularidades en el cumplimiento de las funciones que el estado les ha encomendado, mediante la imposición de límites al ejercicio de la fuerza, con miras a ratificar la existencia del derecho y la supervivencia misma del estado. El Fuero Penal Militar es la base misma de la existencia del derecho penal militar, de una jurisdicción especial que implica una excepción al principio del juez natural, razón por la cual, los miembros de las Fuerzas Militares en servicio activo que en el cumplimiento de su misión constitucional y legal, cometan delitos relacionados con el mismo servicio , serán juzgados por la jurisdicción militar. Por ser nuestra Fuerza Pública parte de la institucionalidad, de nuestra historia, no podemos permitir que el común de la gente desconozca los alcances del fuero militar, y que el tema pertenezca en exclusiva a los miembros de la Fuerza Pública, quienes son sus directos destinatario

La facultad disciplinaria ejercida por la Procuraduría General de la Nación y la posible afectación a los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular: Una mirada a la luz del Derecho Internacional

Artículo de ReflexiónLa presente investigación tiene como propósito ampliar los conocimientos acerca de una de las entidades que hacen parte de la estructura organizacional del Estado, es el caso de la Procuraduría General de la Nación, ahondar en su origen es importante para identificar el momento histórico en el cual le ha sido atribuida la facultad disciplinaria; así mismo, a través del análisis del contexto actual respecto de aquellas conductas cometidas por los servidores públicos de elección popular se podrá cuestionar la eficacia y la pertinencia de la facultad disciplinaria ejercida por este órgano de control. Por último, analizar los casos más sobresalientes del ejercicio disciplinario permitirá evidenciar la disparidad o no a la luz del Derecho Internacional frente a su facultad disciplinaria y más exactamente frente a una posible restricción o afectación a los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular, entre otros aspectos relevantes que serán tenidos en cuenta.Introducción 1. Definición del problema o pregunta de investigación 2. De la Procuraduría General de la Nación 3. Sujetos intervinientes en el ámbito disciplinario y panorama ético del Servidor Público de elección Popular 4. La Función Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, una posible restricción a los Derechos Políticos de los servidores públicos de elección visto desde el Derecho Internacional Conclusiones ReferenciasPregradoAbogad

El fenómeno de la corrupción en los procesos de licitación pública en contratación estatal en Colombia

Artículo de investigaciónEl fenómeno de la corrupción en la contratación pública es una dificultad que se ha visibilizado en Colombia en los últimos años y que no ha respondido de manera favorable a la legislación que se ha emitido con el fin de reducir este fenómeno en el desarrollo de las diferentes modalidades de contratación en el sector público. Es importante reiterar que la corrupción asociada a los procesos de contratación realizada por el estado tanto a nivel nacional como local, representa uno de los problemas más significativos para las finanzas del estado, las medidas que se han tomado hasta hoy parecen ser insuficientes cuando con el paso del tiempo se siguen conociendo un sin número de irregularidades en las adjudicaciones para diferentes obras, este tipo de casos representan un detrimento patrimonial para el estado, y la perdida de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y funcionarios. El riesgo en materia de corrupción en contratación pública de las entidades del sector central en la actualidad resulta ser alto y muy alto, esto en gran medida por la cantidad de contratos que deben realizarse y la poca supervisión que se ejerce sobre los mismosIntroduccion. 1. Contratación Pública de Obras en Colombia. 2. Distribución de riesgos en la contratación de obras públicas. 3. Experiencia de la Unión Europea en la aplicación de distribución de riesgos en la contratación pública y disminución de la corrupción. Conclusiones. ReferenciasPregradoAbogad

El Sistema Anticorrupción Peruano: diagnóstico y desafíos. Reporte La Corrupción en el Perú N°2

La corrupción afecta a las instituciones del Estado, la labor de los funcionarios y la vida cotidiana de los ciudadanos. Lejos de ser un fenómeno aislado que se circunscribe solo a las altas esferas del poder político o económico, es clara también su incidencia en los derechos de la gente, el desarrollo del país y la reducción de la pobreza (Defensoría del Pueblo, 2013; Robinson, 1998) . De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el costo anual de la corrupción alcanza casi el 2% del producto bruto interno (PBI) mundial (FMI 2016: 5). Si se aplica este porcentaje al PBI peruano (S/ 648.719 millones), se obtiene la cifra de S/ 12.974 millones como costo anual de la corrupción. Este monto representa aproximadamente el 9% del presupuesto nacional para el año 2017, monto equiparable al que el Estado destina para la salud (10%) y mayor a lo invertido en protección social (4%), el orden público y la seguridad (7%), y la justicia (4%). La Defensoría del Pueblo se encuentra comprometida con el desafío de luchar contra la corrupción desde la perspectiva del ciudadano. La corrupción socava las bases del sistema democrático y afecta la legitimidad de las instituciones. Asimismo, vulnera derechos y genera una crisis de valores en la sociedad. Enfrentar este flagelo requiere voluntad política, capacidades y acciones concretas y coordinadas, basadas en evidencia. En esa línea se inserta nuestra labor

Garantía del principio non bis in ídem en la responsabilidad del servidor público cuando existe identidad de sujeto, identidad de objeto e identidad de causa

Este trabajo monográfico analiza si el principio NON BIS IN ÍDEM, como garantía procesal, se vulnera o si, por el contrario, se encuentra plenamente garantizado cuando se ejerce la acción penal y administrativa en un proceso con identidad de sujeto, de objeto y de causa. Por medio de en un ejercicio de derecho comparado se realiza un recorrido por la doctrina y jurisprudencia, tanto interna como externa, que nos ayuda a responder si es prudente tener certeza de la necesidad y la suficiencia de una u otra sanción.This monographic work analyzes whether the NON BIS IN ÍDEM principle, as a procedural guarantee, is violated or if, on the contrary, it is fully guaranteed when criminal and administrative action is exercised in a process with identity of subject, object and cause. Through an exercise of comparative law, this work draws a path of the doctrine and jurisprudence, both internal and external, which helps us answer if it is prudent to be certain of the need and sufficiency of one or another sanction.Magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho ProcesalMaestrí

La cuantificación del daño extrapatrimonial en el delito de colusión simple en la Corte Superior de Justicia de Junín durante los años 2018 al 2020

El objetivo general del trabajo es demostrar la inexistencia de criterios unificados para cuantificar la reparación civil extra patrimonial respecto del delito de colusión simple; el objetivo específico, identificar los criterios utilizados por el 5° Juzgado Penal Unipersonal especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios, de la Corte Superior de Justicia de Junín durante los años 2018 al 2020. Establecer criterios de cuantificación del daño extra patrimonial en base a principios de equidad y proporcionalidad a ser utilizados por la Procuraduría Anticorrupción al formular su pretensión civil, planteándolos de manera uniforme a fin de ser conocidos por la defensa técnica y ser rebatidos en su oportunidad y desde la perspectiva del Juez, fundamentar con mayor precisión y claridad la cuantificación del mismo en sus sentencias. Estudio sistemático sociológico, el método sistemático permitirá definir conceptos inherentes a la reparación civil, considerando las normas del Derecho Penal y laaplicación supletoria del Derecho Civil y el método sociológico analizar las sentencias

Análisis de política pública de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos en su fase de reformulación, realizada durante 2013

Objetivo. Analizar la política pública de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos a la luz de los lineamientos de la ciencia política, en su fase de reformulación, año 2013 Método. Investigación cualitativa de tipo exploratorio de análisis y evaluación de la Política Pública. Como métodos de recolección de la información se utilizaron entrevistas semiestructuradas a actores claves y revisión documental de fuentes primarias y secundarias. Resultados. Con relación el tema de la política pública sobre sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos se encontró: que las instituciones encargadas de su planificación, implementación, evaluación y reorientación han sido las mismas durante la construcción de 1886 y de 1991 fijadas aun en los fundamentos ideológicos, políticos y culturales hegemónicos en que se basaba la constitución de 1886; a partir de la constitución de 1991 el contexto internacional logró ejercer mayor presión al contexto interno privilegiando reformas normativas a favor del respeto y del goce de los derechos. Pero la acción, omisión y en otras complicidad de las instituciones se tradujo en barreras para la implementación efectiva de las políticas públicas; las variantes neoinstitucionales contrastadas con el contexto del periodo 2003-2013 permiten comprender la importancia de las instituciones en la implementación efectiva de la política pública o como fue este caso su baja injerencia en el centro y lo profundo de las ideologías, la cultura, los pensamientos y la comprensión sobre sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos que se tradujo en acciones, comportamientos y la manera como se elaboran mentalmente estos, para ser comunicados a otros; en donde el factor humano como materializador de la institucionalidad, para el caso colombiano se ha convertido en un elemento fundamental para el bajo nivel de efectividad de la política pública. Se ha mejorado en indicadores importantes, pero la incidencia y la prevalencia del fenómeno en todos sus aspectos continúa creciendo por la acción, omisión y complicidad de la institucionalidad. Conclusiones. Es necesario transformar el centro y lo profundo de las ideologías, la cultura, los pensamientos y la comprensión sobre sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos para que se traduzca en acciones, comportamientos y maneras de elaborarlos mentalmente para ser comunicados a otros. Lo anterior en lo individual, en la familia, en la sociedad y en las instituciones. También esa transformación debe ser en niveles de la cultura, de la política, de la educación, de la religión, de la economía, de las nuevas tecnologías, de la justicia y de las ideologías, con una participación total de toda la institucionalidad. Para hacerlo realidad es necesario contar con una voluntad política real y efectiva, para la implementación de las políticas públicas, de esta manera se tendrá una mejor vivencia de la sexualidad, los derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces sería posible controlar y bajar los indicadores que sobre el tema afectan a la salud pública. Así mismo que los colombianos puedan de manera libre y con responsabilidad disfrutar de la sexualidad, los derechos sexuales y derechos reproductivos, como lo establece la Constitución Política de 1991.Abstract: Objective. Analyze the public policy of sexuality, sexual rights and reproductive rights in light of the guidelines of political science, in its reformulation phase, 2013 Method. Qualitative research of exploratory type of analysis and evaluation of Public Policy. As methods of information collection, semi-structured interviews with key actors and documentary review of primary and secondary sources were used. Results. Regarding the issue of public policy on sexuality, sexual rights and reproductive rights, it was found that the institutions in charge of planning, implementing, evaluating and reorienting them were the same during the construction of 1886 and 1991, still based on ideological foundations , political and cultural hegemonic on which the constitution of 1886 was based; After the 1991 constitution, the international context managed to exert greater pressure on the internal context, favoring regulatory reforms in favor of respect and the enjoyment of rights. But the action, omission and other complicity of the institutions translated into barriers for the effective implementation of public policies; the neo- institutional variants contrasted with the context of the 2003-2013 period allow us to understand the importance of institutions in the effective implementation of public policy or, as in this case, their low interference in the center and the depth of ideologies, culture, thoughts and the understanding of sexuality, sexual rights and reproductive rights that resulted in actions, behaviors and how these are mentally elaborated, to be communicated to others; where the human factor as materializer of the institutionality, for the Colombian case has become a fundamental element for the low level of effectiveness of public policy. It has improved on important indicators, but the incidence and prevalence of the phenomenon in all its aspects continues to grow due to the action, omission and complicity of the institutions. Conclusions. It is necessary to transform the center and depth of ideologies, culture, thoughts and understanding about sexuality, sexual rights and reproductive rights so that it translates into actions, behaviors and ways of mentally elaborating them to be communicated to others. The above in the individual, in the family, in society and in institutions. This transformation must also take place at the levels of culture, politics, education, religion, economy, new technologies, justice and ideologies, with the total participation of all institutions. To make it a reality, it is necessary to have a real and effective political will for the implementation of public policies, in this way we will have a better experience of sexuality, sexual rights and reproductive rights. Then it would be possible to control and lower the indicators that affect public health on the subject. Likewise, Colombians can freely and responsibly enjoy sexuality, sexual rights and reproductive rights, as established in the Political Constitution of 1991.Maestrí

Recomendaciones dirigidas a servidores públicos de carrera que contribuyan al cumplimiento de los fines esenciales del Estado

Con el propósito de dotar a los servidores públicos de carrera administrativa, de herramientas normativas y conceptuales que le permitan actuar en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, particularmente servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y de esta manera contribuir a prevenir el fenómenos de la corrupción, se abordan en la parte inicial, diferentes normas, sistemas e instrumentos que rigen las función administrativa y se confronta posteriormente con informes e indicadores, para evidenciar que por sí solos no garantizan el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y previenen eventos de corrupción, por lo cual, es necesario materializar los preceptos normativos, a través de un rol más activo por parte de los servidores de carrera que influyan en las decisiones tomadas por los gobernantes y actúen como veedores en procura de una gestión pública que se ajuste a los preceptos legales y principios que regulan la función administrativa y por ende, que satisfaga los fines sociales que está obligado a atender el Estado. Finalmente, se presentan recomendaciones que van desde la participación en la formulación e implementación de políticas públicas, el rol que debe asumir los sindicatos en procura del bienestar común, la transparencia y austeridad en el gasto de publicidad oficial y aspectos normativos que respaldan la actuación de los servidores públicos, todo ello, encaminado a propender por una gestión pública, que contribuya al cumplimiento de los fines esenciales del Estado y, por ende, al bienestar común.With the purpose of providing public servants with an administrative career, normative and conceptual tools that allow them to act in fulfillment of the essential purposes of the State, particularly serving the community, promoting general prosperity and guaranteeing the effectiveness of the principles, rights and duties enshrined in the Constitution and thus contribute to preventing the phenomenon of corruption, are addressed in the initial part, different rules, systems and instruments that govern the administrative function and subsequently confronted with reports and indicators, to show that by Yes alone they do not guarantee the fulfillment of the essential aims of the State and prevent corruption events, therefore, it is necessary to materialize the regulatory precepts, through a more active role on the part of the career servers that influence the decisions taken by the rulers and act as seers for public management that conforms to the legal precepts and principles that regulate the administrative function and therefore, that satisfies the social purposes that the State is obliged to serve. Finally, recommendations are presented ranging from participation in the formulation and implementation of public policies, the role that unions must assume in the pursuit of common welfare, the position that must be taken in the face of lies and misinformation, and regulatory aspects that they support the actions of public servants, all of this, aimed at promoting public management, which contributes to the fulfillment of the essential purposes of the State investigation